La crisis política y judicial en Perú volvió a encenderse tras la más reciente audiencia del juicio contra Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado. En la sesión número 52, el expresidente, recluido en el penal de Barbadillo, lanzó un llamado a los presidentes de Colombia, Chile, Bolivia y Brasil para ir “a la guerra” contra la corrupción, la delincuencia y el saqueo en la región.
Sus palabras combinaron la defensa de su inocencia con duras acusaciones a sus opositores, a quienes tildó de “falsos patriotas” y vinculó con el narcotráfico, alimentando así la polarización política que sacude al país.
El proceso contra Castillo avanza mientras la Fiscalía lo acusa de encabezar una organización criminal que habría operado comprando votos en el Congreso a cambio de prebendas. La denuncia constitucional involucra a legisladores del partido Acción Popular, conocidos como ‘Los Niños’, y tipifica delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo impropio.
Pese a que la jueza Norma Carbajal intentó frenar su intervención, el exmandatario mantuvo un discurso confrontacional que convirtió la audiencia en un episodio de alto impacto mediático.
En este contexto, Perú enfrenta un momento decisivo para su institucionalidad. Castillo busca proyectarse como víctima de un sistema político y judicial que lo "secuestró", mientras sus críticos exigen que el juicio y las investigaciones sigan su curso para proteger la democracia.